El presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada por ambas cámaras del Congreso argentino. Esta decisión se tomó después de una marcha multitudinaria en defensa de la educación pública, que reunió a organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales en todo el país.
3 de octubre 2024
La ley vetada establecía la actualización por inflación del presupuesto para las universidades públicas, con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado, y su aplicación mensual para actualizar los fondos destinados a las 60 casas de altos estudios del país. Sin embargo, el presidente argumentó que no se especificaron los recursos para aumentar el presupuesto universitario y que la ley atenta contra el déficit cero.
Este veto es la segunda vez que el presidente rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, después de lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria. La administración de Milei considera que la ley es «un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades» y que «es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos».
La oposición puede intentar refrendar la normativa con dos tercios de los votos en el Congreso. Mientras tanto, la comunidad educativa y los sectores críticos de la gestión libertaria continúan manifestándose en defensa de la educación pública y gratuita, como se vió en la marcha del 23 de abril, donde más de 800.000 personas salieron a las calles en Argentina.